El uso de tecnologías para vigilar a la ciudadanía se está extendiendo de forma rápida y amplia, pero esto no va de la mano con el reforzamiento del derecho a la privacidad y de la protección de datos. El empleo de drones por parte de las fuerzas de seguridad en el mundo se ha normalizado, pero estos aparatos también sirven para recolectar una gran cantidad de información de mucha gente a la vez, con escasa regulación sobre el uso de esos datos. El mensaje que se está transmitiendo a la sociedad democrática europea es que las tecnologías para la vigilancia pública se han normalizado, pero sin que se hayan reforzado a la vez la protección de los derechos ciudadanos. De este modo, cada vez son más minuciosos los controles en una sociedad vigilada y donde parece que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Las cámaras de vigilancia son un misterio cuando un ciudadano es víctima de un robo, porque nunca registran el hecho, a no ser que uno se a un VIP y robe en un supermercado.