la Justicia rusa multó con unos 800 euros al concejal que demandó la dimisión de Vladimiro, petición apoyada por decenas de ediles en todo el país. Él y varios de sus colegas se dirigieron al congreso de los diputados con la petición de que acuse de alta traición a Putin por iniciar la “operación militar especial”. Según la solicitud, desde el inicio de las hostilidades están muriendo ciudadanos rusos, se ha deteriorado la economía, y se está produciendo una fuga de inversores y cerebros. No aclara si es todo o el conjunto lo que demanda el concejal, pero es una brecha, aunque sea de partido minoritario.