Los presidentes de las diputaciones de Lugo, José Tomé, y de A Coruña, Valentín González Formoso, así como el responsable de Economía de la de Pontevedra, Carlos Font, acordaron en una reunión mantenida este martes en Lugo dar “estabilidad y seguridad laboral” a los 400 trabajadores de los parques de bomberos comarcales. En el caso de la Costa da Morte se trata de tres parques: Carballo, Cee y Santa Comba. Las tres administraciones acordaron apremiar a la Xunta, que participa en el 50% de los consorcios contra incendios, a la “estabilización” de los bomberos.
Formoso recordó que la decisión afectará a 400 familias de trabajadores “que están siempre ahí, en los momentos más complicados, atendiendo un incendio, rescatando a una persona atrapada, respondiendo a un accidente de tráfico. Unos servicios esenciales que son desarrollados por servidores públicos desde que en 2016 las tres diputaciones aquí presentes apostamos por lo público, por revertir la situación de privatización de estos servicios que entonces se producía en Galicia”, afirmó.
Las tres instituciones, con el aval de los servicios técnicos de los respectivos consorcios provinciales de control de incendios y salvamento, apuesta por aplicar lo recogido en un sentencia de unificación de doctrina que dictó el Tribunal Supremo con respecto al caso de una trabajadora del SAF de Navarra, un dictamen judicial que abre la puerta a dar estabilidad y seguridad laboral a los trabajadores de los parques de bomberos sin tener que pasar por un proceso selectivo.
Aplicando esta sentencia, “lo que haremos es estabilizar a los bomberos como personal laboral subrogado, manteniendo la relación laboral de contrato indefinido con la Administración, sin llevar a cabo un proceso de selección, que, de producirse, evidentemente, podría suponer cambios en las plantillas. De esta forma, estabilizamos las plantillas existentes”, indicó por su parte el presidente de la Diputación de Lugo. “Lo hacemos apelando a la sentencia del Supremo y también desde la defensa que siempre hacemos de los derechos de los trabajadores, y para la prestación a la ciudadanía de unos servicios públicos esenciales de calidad”, aseguró José Tomé.
Esperan ahora que la Administración autonómica, que participa en estas entidades al 50%, se sume a este posicionamiento.
