El acuerdo de gobierno
El presidente y la vicepresidenta presentaron la semana pasada el “acuerdo de gobierno” como fruto de largas negociaciones, aunque se sabía que estaba cerrado desde el 23 de julio. Son 230 medidas, muchas poco realistas, que el espacio de este comentario no permite analizar. La estrella es la reducción de la semana laboral a 37,5 horas “por ley”, sin negociar con los agentes sociales, ni mención a la productividad.
Poco realistas son la “declaración de intenciones” sobre el pleno empleo con una vaga referencia al paro juvenil; la ampliación del parque de vivienda pública; políticas sociales que dependen de las autonomías gobernadas por la oposición; y otras que dependen del gasto expansivo –ninguna alusión a su reducción- que no será posible con el ajuste fiscal que impondrá la UE.
Queda clara la fiscalidad a las empresas, 15% del Impuesto de Sociedades y la “consolidación” del impuesto a patrimonios, a la banca y a las energéticas, que iba a ser temporal. Estén atentos a la amenaza de Repsol de llevarse las inversiones fuera si se mantiene este impuesto que su consejero delegado considera “discriminatorio, ilegal e inconstitucional”. La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal, advierte Josu Jon Imaz, puede condicionar nuestras inversiones en España”.
El aviso recuerda el caso Ferrovial y puede ser la punta del iceberg de la rebelión de otras empresas hartas de incertidumbre, inestabilidad, inseguridad jurídica y de una imposición salvaje.
De la lectura de este cúmulo de vaguedades se deduce que sus autores nunca trabajaron en empresas privadas en las que los “planes operativos” van acompañados de estudios justificativos de cada objetivo, con plazos de ejecución, seguimiento de su realización y evaluación de resultados. Y cuentan con una “memoria económica” con el coste y la dotación presupuestaria, que tampoco aparece en este documento. Estas carencias indican que estamos ante una grandilocuente declaración de intenciones que la señora Díaz calificará de “chulísima”.
Por eso, el festival de besos y requiebros en el acto de la presentación fue ridículo. Y fue excesivo porque el acuerdo depende de los independentistas catalanes, sin que en los 48 folios que contienen ese programa haya una referencia a Cataluña, a la amnistía y a otras exigencias que se están negociando con total opacidad.
Dicho todo esto, las 230 medidas de progreso e ilusión que iban a traer la felicidad a la gente, presentadas con tanta solemnidad, quedaron deslucidas por el informe sobre la economía española de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que este organismo difundió al día siguiente. Una radiografía demoledora de nuestro país que comentaré el miércoles.