Carballo pide que no se autorice la planta de biogás de Soandres por el riesgo para el abastecimiento
La Concello ya presentó las alegaciones contra el proyecto con un informe elaborado por los técnicos municipales
El Concello de Carballo ha solicitado formalmente a la Xunta la denegación de la autorización ambiental integrada de la planta de biogás proyectada en Soandres, A Laracha, al considerar que supone un riesgo “non asumible” para la salud pública, el abastecimiento de agua potable y el medio ambiente de la comarca.
Si bien el proyecto no se instalará en Carballo ni en el límite con A Laracha, el gobierno local reclama ser reconocido como administración interesada en el procedimiento, al entender que la iniciativa afecta directamente a un servicio esencial como es el suministro de agua a la población de Carballo por la afectación que podría tener sobre el río Anllóns.
La principal preocupación de los técnicos municipales se centra en el vertido previsto por la futura instalación. Según recoge el informe, la planta contempla descargar hasta 58.592 metros cúbicos anuales de efluentes líquidos industriales en el río Anllóns, muy cerca de su nacimiento y aguas arriba de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Carballo, que abastece a miles de vecinos.
El documento advierte de que cualquier incidencia, vertido accidental o alteración química en la cabecera del río podría tener consecuencias directas sobre la calidad del agua destinada al consumo humano, especialmente durante los meses de verano, cuando el caudal es menor y la capacidad de dilución prácticamente desaparece. A ello se suma que la planta prevé almacenar sustancias consideradas peligrosas, como ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, a apenas un centenar de metros del cauce fluvial. Las alegaciones municipales también cuestionan el tratamiento ambiental realizado por la empresa promotora.
El informe sostiene que el estudio de impacto ambiental no evalúa adecuadamente las afecciones sobre el río Anllóns, pese a formar parte de la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC), y denuncia que ni siquiera se recoge la presencia de especies protegidas vinculadas al ecosistema fluvial, como la anguila, la nutria o la salamandra rabilarga. Además, el Concello considera que la documentación presentada incumple la normativa ambiental al no analizar los efectos acumulativos de otros vertidos existentes en la zona.
En concreto, señala que a escasos 40 metros del punto previsto para la descarga ya existe otro vertido autorizado procedente de una industria cárnica, circunstancia que no habría sido tenida en cuenta en la evaluación del proyecto. El informe municipal pone también el foco en la seguridad de las instalaciones. La planta se proyecta sobre terrenos que fueron explotados como cantera entre 2008 y 2011, pero carece de estudios geotécnicos específicos que acrediten la estabilidad del suelo.
Los técnicos recuerdan que el complejo prevé la construcción de grandes depósitos enterrados y numerosas estructuras en superficie, por lo que consideran imprescindible analizar el comportamiento del terreno antes de autorizar cualquier actuación.
Las alegaciones recogen igualmente dudas sobre el sistema de depuración propuesto. Según el análisis realizado por el Concello, la estación depuradora diseñada para la planta presenta un elevado riesgo técnico, ya que no garantiza la retención de aguas industriales en caso de avería, lo que podría derivar en vertidos incontrolados al río Anllóns. Otro de los aspectos cuestionados es la gestión de los residuos.
El Ayuntamiento sostiene que el proyecto contempla el tratamiento anual de 3.000 toneladas de purines y otros materiales sandach de categoría 2, sometidos a estrictos requisitos sanitarios, pero denuncia que la documentación los clasifica de forma incorrecta como simples residuos líquidos para incorporarlos directamente al proceso de digestión.
El gobierno local también rebate el argumento ambiental utilizado para justificar la instalación. Aunque la promotora presenta la planta como una infraestructura destinada a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, el Concello advierte de que no se ha evaluado el impacto derivado del tráfico asociado a la actividad. Las estimaciones apuntan a la circulación diaria de entre 17 y 20 camiones de gran tonelaje, sin que se hayan definido con claridad las rutas previstas ni sus efectos sobre la red viaria, los núcleos rurales o la calidad del aire.
Por todo ello, el Concello de Carballo solicita la paralización o rechazo del proyecto y reclama a la administración autonómica que extreme las garantías ambientales antes de adoptar cualquier decisión. El objetivo, subraya el informe, es preservar la integridad ecológica del río Anllóns y garantizar la seguridad del abastecimiento de agua potable de la población.
