Alertan del “colapso sin precedentes” que sufren los juzgados de Carballo
Los procuradores denuncian la existencia de demandas verbales pendientes de señalamiento desde hace casi dos años
El Colegio de Procuradores de A Coruña ha denunciado la grave situación que atraviesan los juzgados de Carballo, donde aseguran que los retrasos acumulados y la falta de personal están provocando un “colapso sin precedentes” que afecta tanto a la ciudadanía como al trabajo diario de abogados, procuradores y demás operadores jurídicos.
Según advierte el colectivo, la paralización no se limita a un área concreta, sino que alcanza prácticamente a todos los ámbitos de funcionamiento judicial, desde la tramitación y la instrucción penal hasta los procedimientos declarativos y las ejecuciones. Entre los datos más preocupantes, señalan la existencia de demandas verbales pendientes de señalamiento desde hace casi dos años, así como escritos presentados en esas mismas fechas que continúan sin tramitar.
Un único funcionario
El Colegio de Procuradores apunta especialmente a tres servicios que consideran “críticos” para el funcionamiento ordinario de la justicia: las ejecuciones, el registro y reparto de asuntos y la tramitación penal. En el caso de las ejecuciones hipotecarias y no judiciales, los retrasos alcanzan ya el año y medio únicamente para admitir los procedimientos a trámite.
La razón, explican, es que toda esa carga recae actualmente sobre un único funcionario. Una situación similar se produce en el servicio de registro y reparto. Según denuncia el colectivo, una sola persona asume el reparto de todas las demandas civiles, denuncias y querellas que llegan al partido judicial. Además, ese mismo trabajador debe compaginar esa tarea con las guardias y la expedición de poderes apud acta, lo que provoca que numerosos asuntos permanezcan bloqueados durante meses antes incluso de ser asignados.
Desde el Colegio de Procuradores sostienen que el problema se ve agravado por la elevada rotación del personal. Muchos funcionarios destinados a Carballo solicitan el traslado poco tiempo después de incorporarse, lo que genera una plantilla muy inestable y dificulta la continuidad del trabajo y la especialización de los servicios.
A esta situación se suma, según denuncian, el impacto de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Lejos de mejorar la agilidad administrativa, consideran que la nueva normativa está generando más dificultades organizativas en juzgados con falta estructural de medios, como ocurre en el caso de Carballo. El colectivo reclama ahora una actuación “urgente” por parte de las administraciones competentes para reforzar las plantillas y garantizar estabilidad en los puestos de trabajo.
Consideran imprescindible aumentar los recursos humanos para poder repartir adecuadamente la carga de trabajo y evitar que los retrasos continúen creciendo. Los procuradores advierten de que esta situación no solo repercute en el funcionamiento interno de la Administración de Justicia, sino también en los ciudadanos que esperan resoluciones judiciales relacionadas con conflictos civiles, reclamaciones económicas, procedimientos hipotecarios o causas penales. “Una justicia lenta deja de ser una justicia eficaz”, resumen desde el colectivo profesional.
