Las familias del Agra de Raíces denuncian la arbitrariedad de la Consellería de Educación
Exigen la restitución de especialistas y transparencia en la asignación de recursos

La Anpa del IES Agra de Raíces ha hecho pública su protesta por la supresión del especialista en Audición y Lenguaje (AL) del centro, a pesar del aumento de alumnado con necesidades educativas.
Tras meses de escritos, reuniones y reclamaciones sin respuesta, las familias denuncian lo que consideran una vulneración del derecho a la educación. Según la Anpa, el recurso “fue eliminado” pese a que el centro presentó un informe técnico completo, la Inspección Educativa avaló la solicitud y la Xefatura Territorial dio su visto bueno.
Sin embargo, la denominada “Comisión de dotación de recursos con carácter excepcional bloqueó la petición sin ofrecer criterios pedagógicos ni comunicación oficial al centro”, por lo que los padres se preguntan cómo es posible que esta comisión “tenga más peso que la dirección, la inspección y la jefatura juntas”.
La asociación critica que la Consellería justifique la ausencia de especialistas asegurando que la inclusión es “tarea de todo el profesorado”. Según destacan, esto desvía la responsabilidad hacia los centros, dejando a los alumnos con necesidades específicas sin la atención profesional que les corresponde.
“É como se tes 65 nenos con fame e a Consellería che manda 2 mazás para repartir. E cando nos queixamos de que non chega, dinnos que o problema é que o profesorado non sabe cortar ben a froita”, explican.
Las familias acudieron a la Valedora do Pobo, pero señalan que el organismo actúa solo como intermediario, “cerrando los expedientes sin contrastar” la información con el centro ni con los afectados, y limitándose a reproducir la respuesta de la Consellería.
“Queremos que a sociedade saiba como está a situación. Hoxe son os nosos fillos, pero mañá tocaralle a outros”, advierten. Exigen transparencia en la asignación de recursos y la restitución de los especialistas, subrayando que lo que está en juego es el derecho a “una educación inclusiva y de calidad”.







