El sector del mar de la Costa da Morte, en pie de guerra: “Non se pode lexislar de costas á frota”
Decenas de pescadores de la comarca se manifestaron este lunes en Corcubión y A Coruña
El sector pesquero gallego, y de manera muy especial la flota artesanal de la Costa da Morte, vivió este lunes una jornada de movilización sin precedentes contra la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que entró en vigor el pasado 10 de enero y reclamó que “non se pode lexislar de costas á frota”. La protesta se tradujo en el amarre de la flota de bajura y en concentraciones en A Coruña en la mañana y Corcubión por la tarde, a las que acudieron representantes de cofradías, armadores, tripulaciones y cargos públicos de distintos municipios de la comarca.
La jornada de protesta coincidió, además, con la convocatoria en Madrid de una reunión entre la Secretaría General de Pesca y representantes de las cofradías, un encuentro al que el sector llegó con un mensaje claro: las nuevas obligaciones son, en su formulación actual, “imposibles de cumprir” para buena parte de la flota artesanal. Entre las medidas más contestadas se encuentran la implantación obligatoria del diario de pesca electrónico, la exigencia de pesaje a bordo de determinadas especies con un margen de error máximo del 20% y la obligación de comunicar la llegada a puerto con hasta cuatro horas de antelación.
En Corcubión, el principal escenarios de la movilización en la Costa da Morte, los profesionales del mar leyeron un manifiesto en el que expresaron su rechazo frontal a lo que califican como una burocracia desmedida y desconectada de la realidad diaria del trabajo en el mar. “Rexeitamos a burocracia desmedida. Denunciamos que as novas medidas impoñen unha carga operativa inasumible que ignora a realidade diaria do traballo no mar, convertendo a xestión administrativa nun obstáculo insalvable para o pescador”, señalaron ante decenas de asistentes.
El sector alertó de que exigencias como los largos avisos previos de llegada a puerto o el registro de capturas “desde o quilómetro cero” no solo son técnicamente inviables, sino que generan inseguridad jurídica y no aportan mejoras reales al control pesquero. “Estas obrigacións non melloran o control, senón que incrementan os riscos para as tripulacións e deterioran a calidade do peixe fresco”, subrayaron, incidiendo en que la normativa afecta de forma transversal a la operativa diaria de la flota y compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la viabilidad económica de la actividad.
Estas obrigacións non melloran o control, senón que incrementan os riscos para as tripulacións e deterioran a calidade do peixe fresco
Uno de los mensajes más repetidos durante la concentración fue la defensa del empleo y de un modelo de pesca tradicional que consideran amenazado. “Alertamos sobre o risco real que corre a supervivencia das 220 confrarías deste país, así como os miles de empregos directos e os aínda máis numerosos empregos indirectos vinculados ao sector pesqueiro”, advirtieron. En ese contexto, el manifiesto puso el acento en el impacto social de la normativa: “Está en xogo o futuro de miles de familias que tradicionalmente se dedicaron a alimentar á poboación, manter vivo o tecido social costeiro e evitar o despoboamento dos nosos pobos marítimos”.
El discurso concluyó con una apelación directa al diálogo y a la necesidad de una normativa consensuada. “Instamos á Secretaría Xeral de Pesca a que nos escoite, que escoite a voz de quen coñece o mar cada día. Non se pode lexislar de costas á frota”, reclamaron, exigiendo reglas “xustas, consensuadas e adaptadas á realidade técnica, ambiental e humana do sector pesqueiro”, que reconozcan la diversidad de artes, modalidades y caladeros y garanticen condiciones de trabajo seguras y viables.
Apoyo político
Antes de que decenas de profesionales del mar de la comarca se manifestaran en Corcubión, otra parte de los representantes de la Costa da Morte se desplazaba en la mañana hasta A Coruña para participar en la concentración convocada en la ciudad.
Entre ellos se encontraba la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, que en los días previos había intensificado las gestiones institucionales para trasladar la preocupación del sector más allá del ámbito autonómico. La regidora contactó directamente con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, para alertar de los riesgos que, a su juicio, entraña la aplicación estricta de la normativa europea en un territorio como la Costa da Morte.
En esa comunicación, Insua expuso la realidad específica de la flota artesanal local y el carácter especialmente peligroso de algunas de las nuevas obligaciones. En referencia al preaviso de cuatro horas para la llegada a puerto, la alcaldesa subrayó que se trata de una exigencia inviable para embarcaciones pequeñas que faenan en un mar con condiciones meteorológicas tan cambiantes. “Sabes como é o mar aquí, isto pon en risco a vida das persoas”, trasladó a Calviño.
También protestó contra la obligación de realizar el pesaje de las capturas a bordo, recordando que en invierno, con mar duro y aprovechando ventanas cortas de buen tiempo, detenerse a pesar el pescado retrasa la vuelta a puerto y expone a las tripulaciones a un peligro innecesario. Aunque el Banco Europeo de Inversiones no tiene competencias directas en materia pesquera, la alcaldesa apeló al conocimiento y a la capacidad de interlocución de la exvicepresidenta del Gobierno español.
Según informó el Concello de Camariñas, la respuesta de Nadia Calviño fue inmediata y mostró su disposición a interceder, agradeciendo que se le trasladase “un tema tan importante”. Para el gobierno local, este gesto supone un respaldo institucional a las demandas de la flota artesanal y refuerza la presión para que se introduzcan cambios en la aplicación del reglamento.
Al apoyo institucional se sumó también el respaldo político del Bloque Nacionalista Galego. El BNG de la Costa da Morte expresó públicamente su apoyo a las protestas y anunció la presentación de mociones en los concellos de la comarca para instar tanto a la Xunta como al Gobierno del Estado a adoptar medidas en favor del sector. Los nacionalistas recordaron que la normativa europea ha sido ampliamente cuestionada por los trabajadores del mar y por distintos organismos del ámbito pesquero gallego, especialmente por no tener en cuenta las características específicas de la pesca artesanal.
Desde el BNG subrayaron la importancia social y económica de este modelo de pesca en municipios como Muxía, Camariñas, Fisterra, Carnota o Corcubión, donde contribuye a la fijación de población y a la dinamización económica local. El responsable comarcal, Xurxo Rodríguez, mostró su comprensión con la preocupación existente y afirmó que “o regulamento de control supón un novo golpe para un sector historicamente abandonado polos poderes públicos”.
La formación nacionalista anunció que sus iniciativas municipales reclamarán a la Xunta que ejerza sus competencias exclusivas en materia de aguas interiores, desarrollando normas propias de control adaptadas a la realidad de la flota artesanal gallega. Asimismo, instarán al Gobierno del Estado a negociar con la Comisión Europea medidas como la exclusión de esta flota del ámbito de aplicación del reglamento o, mientras tanto, la flexibilización de las obligaciones que entraron en vigor el 10 de enero.
Entre otras demandas, el BNG también pide eliminar la retroactividad de las sanciones asociadas a la normativa y evitar que estas limiten el acceso a ayudas europeas, además de introducir en futuras revisiones de la Política Pesquera Común una diferenciación clara entre pesca artesanal e industrial. La movilización de este lunes se enmarca en un clima de creciente tensión desde la entrada en vigor del reglamento. Cofradías como las de Corme o Malpica ya habían advertido de que la obligación de declarar capturas desde el primer kilogramo y de notificar la llegada a puerto con antelación fija incrementa la inseguridad y el riesgo sancionador.
El sector insiste en que muchas de estas exigencias no mejoran la trazabilidad ni la conservación de los recursos, pero sí multiplican los trámites administrativos y desvían el control hacia incumplimientos formales. Con el amarre como medida de presión y la amenaza de prolongarlo en el tiempo, la flota artesanal lanza un mensaje claro a las administraciones: sin diálogo real y sin adaptación de la normativa a la realidad del mar, el futuro de los puertos, del empleo y de la soberanía alimentaria de las comunidades costeras queda seriamente comprometido. Como se escuchó en Corcubión, “cando se pon en risco o sector pesqueiro, ponse en risco o futuro das nosas familias, dos nosos portos e da nosa identidade”.
