La planta de biogás de A Laracha encara su mes decisivo con la fase de alegaciones
La Xunta abrió el período de exposición pública del proyecto que es rechazado por los vecinos y el Concello
La planta de biogás proyectada en Soandres, A Laracha, entra desde ahora en su fase más sensible. La Xunta ha sacado a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto promovido por Bioenergía A Coruña para instalar en Vista Alegre una planta de producción de biometano, lo que abre un plazo de un mes para la presentación de alegaciones.
El movimiento administrativo llega apenas dos semanas después de que el pleno municipal escenificara un rechazo unánime a la iniciativa. Esta planta se ubicará en Chousa Grande, en un terreno con una superficie de 95.070 metros cuadrados, aunque la ocupación efectiva prevista para la planta rondaría los 16.500.
Se trata de suelo rústico de protección ordinaria, en parte sobre terrenos de una antigua cantera. El emplazamiento presenta además varios condicionantes relevantes: al sur linda con el río Anllóns, una línea eléctrica atraviesa la parcela y en la zona norte figuran restos arqueológicos de la Mámoa de Chousa Grande. La instalación está diseñada para tratar hasta 63.500 toneladas al año de residuos orgánicos, unas 174 toneladas diarias, procedentes de fracciones agrícolas, purines y subproductos de la industria alimentaria. De ese total, 6.500 toneladas corresponderían a residuos Sandach de categoría 3, es decir, subproductos animales no destinados a consumo humano que requieren un tratamiento específico de higienización antes de entrar en digestión.
La memoria prevé que la planta funcione de manera continua, 24 horas al día y siete días a la semana, aunque con presencia de personal solo seis días por semana en turnos de siete horas efectivas y con una plantilla estimada de entre tres y cuatro personas. El consumo energético previsto requerirá de una potencia instalada de 1.000 kVA y de un consumo eléctrico anual máximo de 5.870.000 kWh, importados íntegramente de la red.
A ello se suma un consumo de gas natural estimado en 1.575 MWh anuales para cubrir las necesidades térmicas del proceso, principalmente la higienización y la digestión. El agua de red se limitaría a usos sanitarios, con unos 170 metros cúbicos al año, mientras que el agua de servicios procederá del propio sistema de tratamiento de la planta, con un uso previsto de 1.405 metros cúbicos anuales para limpieza de camiones Sandach, riego del biofiltro y baldeos de áreas de proceso.
El esquema básico de la planta parte de la recepción diferenciada de residuos. Los sólidos llegarían en camiones bañera o remolques y serían descargados en un troje para su trituración antes de pasar a la balsa de alimentación. Los residuos líquidos se descargarían directamente en fosas de recepción cubiertas, dotadas de extracción de aire. En el caso de los Sandach, la documentación prevé una nave de descarga, un tanque de recepción y una etapa de higienización en tres depósitos, de modo que el producto permanezca durante una hora por encima de 70 grados antes de ser bombeado al digestor.
El corazón del proceso sería un digestor cilíndrico de hormigón armado, equipado con mezcladores, calefacción y una cubierta de doble membrana para almacenar el biogás generado. La digestión anaerobia se realizaría en condiciones mesófilas, alrededor de 38 grados, y el gas pasaría luego a un sistema de depuración y upgrading para obtener biometano con una pureza mínima del 97%, apto para inyección en red. La memoria contempla también una corriente de CO2 separada del biogás, con la posibilidad de almacenarla temporalmente y expedirla en camión cisterna para aprovechamiento comercial La exposición pública coincide con un clima político y vecinal muy adverso al proyecto.
Ya la corporación municipal de A Laracha manifestó su rechazo unánime a la planta en un pleno en el que participaron vecinos de Soandres. El alcalde, José Manuel López Varela, sostuvo entonces que el Concello actuaría “en defensa dos intereses da veciñanza e da protección do entorno”, y anunció que, si el expediente llegaba a exposición pública, el gobierno local convocaría una reunión informativa con personal técnico municipal para explicar el contenido del proyecto y facilitar la presentación de alegaciones
