Prioridad “ajustada a la ley”
La expresión “prioridad nacional” irrumpe en el debate político y mediático tras el acuerdo PP y Vox en Extremadura y Castilla y León como arma de disputa entre bloques políticos. Sin embargo, si se analiza “sin pasión” la formulación concreta del pacto vinculado al “arraigo real, duradero y verificable y acorde con la legalidad vigente”, la polémica parece apoyarse en interpretaciones interesadas pensando en medidas de gobierno futuras.
El texto pactado no establece una preferencia explícita por nacionalidad, que chocaría con el marco constitucional y europeo, sino el criterio de vinculación territorial, un matiz clave porque el acceso a determinados recursos y ayudas públicas ya exige la residencia continuada, empadronamiento o cierta integración social.
Bajo esa lectura la “prioridad nacional” no sería tanto un privilegio identitario como una reformulación –discutible– de políticas de arraigo legales y justas que existen en la mayoría de los países. Seguro que una formulación más precisa, como “prioridad por arraigo”, habría reducido el margen de interpretación y la intensidad del choque político.
Desde la izquierda, la reacción está siendo contundente. Denuncia el giro discriminatorio de la derecha que afectaría a derechos básicos, pero obvia que esos derechos están protegidos por normas superiores que garantizan la igualdad y prohíben la discriminación por origen.
Además, esa misma izquierda olvida que “convive” con la “prioridad nacionalista” de los nacionalismos periféricos. Por poner unos ejemplos, en 1999 la CiU de Yordi Pujol eligió como lema de campaña “Cataluña primero” que expresaba la prioridad de su gobierno para “Cataluña, los catalanes y las demandas nacionalistas”. A su vez, Patxi López en su etapa de lehendakari (2009-2012), endureció las ayudas a inmigrantes y triplicó el tiempo de residencia exigido. Y ahora el president Illa pone el catalán como “prioridad nacionalista” para renovar el permiso de residencia.
Hay que decir también que el debate conecta con la percepción de amplios sectores sociales que consideran que los inmigrantes “reciben demasiadas ayudas públicas cuyo reparto no siempre es equitativo”. Esa percepción no implica respaldo a medidas excluyentes, pero sí explica que mensajes en este sentido encuentren eco entre muchos ciudadanos cuyas posiciones ideológicas están lejos de la extrema derecha.
En definitiva, la controversia sobre la “prioridad nacional” refleja, antes que un cambio sustancial en las políticas públicas, una batalla por el relato que no tendrá consecuencia real porque a esa expresión hay que añadir “ajustada a la ley” (Teresa Freixes). Por tanto, el debate suena a un “divertimento preelectoral” que entretiene a los políticos en un juego semántico que es un detonante más de la creciente polarización en la que las palabras pesan más que los hechos.