El marisqueo en Camariñas y Corcubión propicia un intenso debate parlamentario

En la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia se escenificó este martes un nuevo choque político en torno a la situación del marisqueo en la Costa da Morte, con iniciativas centradas en Camariñas y Corcubión y una respuesta del Gobierno gallego que defendió su gestión y las medidas ya puestas en marcha. Por un lado, el grupo Socialista reclamó a la Xunta un plan integral de recuperación para la ría de Camariñas.

 La portavoz socialista en materia de marisqueo, Paloma Castro, denunció la falta de una estrategia estructural para un sector que considera en situación límite y acusó al Ejecutivo autonómico de pasividad. En su intervención afirmó que el marisqueo está “abandonado, invisibilizado e castigado”, reprochando a la Xunta que “mira para outro lado” mientras “deixa morrer” al sector.

 La diputada exigió autocrítica y medidas con calendario, inversiones y ayudas directas para las cerca de 120 familias que dependen de esta actividad en Camariñas. También advirtió de la magnitud de la caída productiva, con un descenso acumulado del 85% en la producción de bivalvos desde 2010 y pérdidas de capturas y facturación del 70% en el último año. 

El PSOE sostuvo que las actuaciones anunciadas hasta ahora son “medidas puntuais, electoralistas e insuficientes” y reclamó garantías de semillas suficiente para regenerar los bancos marisqueros y compensaciones económicas inmediatas para las trabajadoras afectadas. La formación socialista situó además la crisis de Camariñas dentro de un contexto más amplio de retroceso del marisqueo en zonas como Costa da Morte, Barbanza o Muros-Noia. 

Desde el BNG, el diputado Óscar Insua llevó a la comisión la situación del marisqueo en Corcubión, centrando su intervención en la necesidad de revisar la normativa que impide el uso del buceo con suministración de aire en superficie para la extracción de ameixa y ameixón a determinadas profundidades. Insua acusó al PP de inmovilismo y defendió que la legislación debe adaptarse a la realidad laboral y productiva. 

“A lei cámbiase, para iso estamos aquí, para mellorar a vida das persoas”, sostuvo, y criticó la negativa a avanzar en técnicas que, según el sector, mejorarían la seguridad y no competirían con el marisqueo a pie. En tono irónico, preguntó si habrá que seguir pescando “sardiñas con xeiteiras e a vela” o si se permitirá evolucionar hacia métodos más modernos. El diputado nacionalista lamentó que, pese a existir recursos con potencial, no se haya aprobado un plan de explotación que permita su aprovechamiento regulado, lo que supone, a su juicio, perder oportunidades de empleo en un ámbito sin relevo generacional.

 También cuestionó que la Xunta se escude únicamente en la ley para mantener la prohibición del buceo con aire en superficie y preguntó si se está trabajando en una modificación del decreto que regula las artes y técnicas de extracción profesional. 

Medidas autonómicas

Frente a estas críticas, la Xunta defendió su actuación tanto en Camariñas como en Corcubión. La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, aseguró que la gestión autonómica “está avalada polo coñecemento científico e técnico” y tiene en cuenta la situación socioeconómica del sector. Recordó que los episodios meteorológicos extremos de los últimos años provocaron descensos de producción que obligaron a actuar con rapidez para compensar pérdidas. Detalló que desde 2022 se suministraron más de 1,1 millones de unidades de ameixa en Camariñas y que entre 2015 y 2025 se financiaron liberaciones de cerca de seis millones más.

La Xunta destacó además la puesta en marcha de dos nuevas órdenes de ayudas, dotadas con 2,2 millones de euros, para restaurar la biodiversidad y mejorar la productividad de los bancos marisqueros, así como otras líneas para proyectos colectivos y conservación de ecosistemas. 

En cuanto a Corcubión, defendió el sistema actual de explotación y aportó datos sobre el incremento de ingresos de los mergulladores, que, según indicó, aumentaron más de un 200% entre 2016 y 2025 respecto al período anterior. También sostuvo que no existe conflicto entre el marisqueo a pie y el buceo, al desarrollarse en zonas distintas, y que la normativa vigente ofrece alternativas viables sin necesidad de modificar el modelo de gestión.