La EGA alerta del “bloqueo judicial” tras la anulación del eólico A Ruña III de Mazaricos
La asociación asegura que el parque cuenta con todos los permisos y la declaración ambiental
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) advirtió que la reciente decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anula la autorización para la construcción del parque eólico A Ruña III, en Mazaricos, agrava lo que califica como una “moratoria judicial” en el desarrollo de las energías renovables en Galicia.
La organización considera que esta sentencia ejemplifica la “contradicción permanente” entre los pronunciamientos judiciales gallegos y los de las más altas instancias españolas y europeas, que —según subraya— han avalado reiteradamente la tramitación de los proyectos aprobados por la Xunta.
El parque eólico de Mazaricos, con todos los permisos y la correspondiente declaración ambiental, ha sido revocado por el TSXG bajo el argumento de que debía haberse tramitado junto con su línea eléctrica de evacuación. EGA recuerda que esa red ya está en funcionamiento y que la normativa gallega permite tramitar ambos elementos de forma independiente cuando la conexión ya existe. “Es como si quisiéramos hacer un nuevo acceso a la autopista AP-9 y tuviésemos que solicitar una declaración ambiental no solo para el nuevo acceso, sino también para toda la autopista”, señaló la asociación, que considera que el fallo judicial roza “el paroxismo”.
La sentencia también hace referencia a la supuesta proximidad del parque a la Red Natura, aunque, según EGA, la distancia real es de 4,5 kilómetros. La entidad sostiene que, de haber existido riesgo de impacto ambiental, la Xunta habría denegado la autorización. En su opinión, el fallo se basa en un informe privado “abstracto y genérico”, lo que contribuye a un clima de inseguridad jurídica que frena las inversiones y deja a las empresas “atadas de pies y manos”.
EGA denuncia que esta situación no es aislada. Más de 90 proyectos eólicos en Galicia, con una potencia total superior a 2.500 megavatios, permanecen suspendidos cautelarmente, buena parte de ellos en la Costa da Morte. El sector calcula que este parón provoca cada año la pérdida de 2.750 empleos directos e indirectos y retrasa inversiones por valor de 6.300 millones de euros, lo que impacta en la industria auxiliar y en la cadena de valor gallega.
“Galicia no puede permitirse cinco años sin avances en energías renovables, sin generación de empleo y con un aumento de la dependencia de combustibles fósiles”, advierte la organización, que llama a adoptar “una política de integración ambiental e industrial” capaz de garantizar una energía “limpia, sostenible y asequible”. EGA recuerda que las directivas europeas consideran las energías renovables un bien de interés público superior, lo que las sitúa por encima de otros factores al estar vinculadas a la salud pública, la seguridad nacional y los derechos de los consumidores.
Por ello, insiste en que “la interpretación de la legislación no puede quedar al azar ni al arbitrio de cada órgano judicial”. La entidad rechaza también lo que considera un “relato falso” sobre el supuesto impacto territorial de la energía eólica en Galicia. Sostiene que el territorio es uno de los más protegidos del mundo, con amplias zonas incluidas en la Red Natura, la Reserva de la Biosfera, el Camino de Santiago o áreas con hábitats y especies protegidas. Subraya que los proyectos que obtienen autorización han superado todos los filtros ambientales, mientras que más del 60% de los presentados son rechazados antes de llegar a ejecución.
