En un pleno extraordinario celebrado a últimas horas de la mañana del jueves la corporación municipal de A Laracha aprobó la ordenanza fiscal número 12 reguladora de la tasa por títulos habilitantes de naturaleza urbanística, así como la Conta Xeral de 2023.
Por lo que respecta a la ordenanza, el texto refunde las cuatro normativas municipales actuales en esa materia -fechadas en los años 2011 y 2018, y que serán derogadas con la entrada en vigor de la nueva-, lo que permitirá simplificar los trámites administrativos y adaptar a la realidad actual supuestos no previstos en el reglamento anterior como las comunicaciones previas en las obras o la expedición de copias por los servicios urbanísticos, entre otros.
También se actualizará la cuota tributaria que será, por regla general, del 0,4 % de la base imponible de la tasa.
La nueva ordenanza fiscal se aprobó con los votos en contra de los grupos municipales del PSdeG-PSOE y del BNG.
El texto se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para someterse al período de exposición pública como trámite previo a su entrada en vigor.
Con el voto en contra de dos representantes socialistas y la abstención del BNG, también salió adelante la Conta Xeral de 2023.
El dato más relevante es que el presupuesto definitivo alcanzó un importe de 14.896.384,04 euros, lo que supone un incremento del 51 por ciento con respecto al presupuesto inicial (9.850.000 euros), lo que refleja a las claras la prudencia con la que se elaboró el documento contable.
El remanente de tesorería para gastos generales resultante asciende a 2.409.147,97 euros, estando gran parte de esa cantidad comprometida en el presupuesto de este año.
Canon de Sogama
En el transcurso de la reunión también se aprobó una moción contraria a la actualización del canon de Sogama que implicaría un coste mayor para los ayuntamientos en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que se llevan al complejo medioambiental de Cerceda.
En este caso los acuerdos adoptados pasan por exigir al Gobierno central a supresión de los impuestos que graban la actividad y recuperar la retribución a la inversión de la planta termoeléctrico de Sogama a la que tenía derecho hasta 2026.
Una vez atendidas estas peticiones, también se exigiría a Sogama que se comprometa a no aplicar la subida prevista para 2025.
