La Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais ha iniciado el procedimiento para declarar la caducidad de las concesiones que conforman el Grupo Minero Santa Comba, según anuncia la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega).
La decisión de la Administración autonómica es consecuencia de las solicitudes cursadas por Ecologistas en Acción, junto con otras entidades ambientales y vecinos afectados por los derechos mineros.
Los colectivos ecologistas valoran muy positivamente el paso dado por el organismo dependiente de la Consellería de Economía, Industria e Innovación, pero advierten de que no consentirán que se declara la caducidad sin que previamente se obligue a la compañía australiana Galicia Tin and Tungsten, que pretende tramitar una macromina a cielo abierto de estaño y volframio en Varilongo, a presentar un plan de cierre y clausura que incluya la restauración de las zonas afectadas y acabe de manera definitiva con los “vertidos ilegales”.
Exigen así que se obligue a la empresa matriz, Pivotal Metals, a depositar un aval o garantía de un mínimo de 4 millones de euros para hacer frente a ese proyecto de restauración y evitar así que se repita lo sucedido en 2014 en Monte Neme, cuando se produjo la rotura de una de las balsas de residuos mineros.
Son un total de quince concesiones, la mayoría otorgadas durante la Segunda Guerra Mundial para permitir la explotación de volframio por una empresa controlada por la Alemania nazi, las que se dieron para el aprovechamiento de los recursos mineros de Varilongo.
